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Propuesta de reforma gradual del sistema de financiación: las comunidades autónomas de Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha deberán dividir una suma de 3.000 millones de euros entre ellas, según Fedea

Apuesta por una reforma en varias fases, comenzando por un fondo de nivelación de 3.000 millones para las CCAA infrafinanciadas

MADRID/TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido del riesgo de que se inicie “una deriva hacia un sistema de financiación autonómica a la carta”, negociado de forma bilateral con comunidades como Cataluña, lamentando que esto “privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial”.

De ahí que apueste por una reforma en varias fases, comenzando por un fondo de nivelación de 3.000 millones para Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, regiones infrafinanciadas.

Es una de las conclusiones del informe que ha presentado este lunes el director de Fedea, Ángel de la Fuente, en un desayuno informativo con la Asociación de Periodistas de Información Económica, donde ha presentado un nuevo informe que recopila varias notas sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y local.

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En este contexto, Fedea advierte que, dado los pactos de investidura alcanzados por el PSOE con las formaciones independentistas, “podría iniciarse una deriva hacia un sistema de financiación a la carta, que limitaría artificialmente la contribución de éstas a la redistribución regional y a la financiación de los gastos comunes del Estado”.

“Esto no sería admisible”, añade el informe, que reconoce que esta situación ya existe con las comunidades forales –País Vasco y Navarra–, aunque desde Fedea apuestan por “trabajar para ir corrigiéndola de forma gradual”.

QUE NO SE EXTIENDA A MÁS CCAA

Por ello, creen que “no se puede permitir que el problema se extienda a otras comunidades de mayor peso económico”: “Eso privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial”.

Para el director de Fedea, la reivindicación independentista de “una financiación a la carta” podría comportar que ciertas comunidades “se queden básicamente sin recursos” porque no se financien los gastos comunes del Estado, mientras que el Gobierno central se podría quedar sin fondos para “ejercer sus funciones”.

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“Si esto se cede, si aceptamos echar a andar en esa dirección, estaríamos echando a andar en la dirección del Estado federal” en el que “cada uno se queda con lo suyo”, ha alertado De la Fuente, asegurando que lo que “hoy se dé” a Cataluña “mañana lo pedirá” Baleares y “pasado mañana” lo hará Madrid.

UNA REFORMA EN VARIAS FASES

En cualquier caso, el informe de Fedea apuesta por abordar la reforma del sistema de financiación “en varias fases”. “Puesto que una reforma integral del sistema es una tarea compleja que exigirá muchos meses de negociaciones, sería deseable aprovechar el tiempo para ir avanzando en ciertos trabajos preparatorios de carácter técnico y, sobre todo, para ir introduciendo en el sistema algunos retoques que podrían implementarse sin necesidad de un acuerdo general”, añaden.

En esta línea, Fedea cree que una primera fase de la reforma podría ser un fondo complementario de nivelación “financiado por entero” con recursos del Estado, un mecanismo que “debería abordarse de forma inmediata”. El coste de esta medida rondaría los 3.000 millones de euros que se repartirían entre Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla la Mancha.

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En una segunda fase podrían abordarse algunas cuestiones en principio técnicas, como una revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta de forma que las primeras reflejen con rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las segundas sean más sensibles a la evolución real de la recaudación.

Y mientras se implementa la segunda fase, Fedea cree conveniente que se abran negociaciones, primero entre las formaciones políticas y luego con las comunidades autónomas, “para buscar un consenso lo más amplio posible sobre las reformas que el sistema necesita”.

“Para que la reforma sea factible y pacífica, sería necesario al menos un acuerdo entre los dos principales partidos nacionales. Sería deseable ampliar el consenso a otras fuerzas políticas y a las comunidades autónomas, pero no a cualquier precio”, sentencia el informe.


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