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EL CERMI solicita al Gobierno de Castilla-La Mancha que finalice el acuerdo social durante este mandato legislativo: “El sector enfrenta la amenaza de la falta de sostenibilidad”

TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI C-LM) ha urgido al Gobierno regional a cerrar el concierto social que garantice sostenibilidad a las entidades, que en la región son los “grandes prestadores de estos servicios”.

“Seguimos dependiendo de las subvenciones públicas, de la concurrencia competitiva y esto nos crea bastante incertidumbre cuando se aproximan cambios políticos en las administraciones públicas y tenemos un riesgo”, ha alertado la presidenta del CERMI en la región, Cristina Gómez, que este viernes ha dado cuenta de la hoja de ruta que el comité tiene por delante este 2024 recién estrenado.

“La sostenibilidad y estabilidad del sector está seriamente comprometida”, ha vuelto a apremiar Gómez, que ha puesto el foco en el impacto que el incremento de precios produce en las entidades sociales prestadoras, que “no tienen músculo” para poder subir los precios de las prestaciones que ofrecen, en ocasiones, a gente muy vulnerable.

“Si no se avanza pronto en cambiar el sistema de financiación, de pasar de unas subvenciones de concurrencia competitiva anual a una concertación social o a una financiación plurianual, todos los años nos vamos a ver con los mismos problemas y con el agua al cuello”, ha insistido la presidenta del CERMI, que ha sacado pecho por el hecho de que sea este sector asociativo el que “sostiene la red de los servicios públicos de Castilla-La Mancha”.

Conscientes de que se trata de un proceso “lento”, que en primer término pasa por hacer un buen estudio de costes, para el que ofrecen su trabajo, Cristina Gómez ha insistido en que esta legislatura ha de finalizar con ese concierto cerrado.

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TARDANZA EN EL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD

De igual modo, el CERMI, preocupado por el acceso a los sistemas de apoyos y recursos de atención y ayudas a las personas con discapacidad en la región, batallará para que Castilla-La Mancha, que tiene muy mala media en el tiempo medio que tarda en reconocer el grado de discapacidad, acorte esos plazos.

“La media regional está en un tiempo de 15 meses y hay provincias que superan los 20 meses. Es intolerable”, ha alertado la responsable del CERMI, que ha señalado a Toledo y a Albacete como las provincias peor paradas y lejos de los seis-nueve meses establecido legalmente.

De ahí que, además de reclamar a la Consejería de Hacienda que habilite los recursos humanos suficientes para que los centros bases encargados de hacer esa valoración cuenten con el personal suficiente, haya ofrecido a la Administración regional la experiencia de cada una de las entidades que conforman el CERMI para agilizar estos tiempos de espera, como ya está ocurriendo en otras regiones.

En cuanto al sistema de la dependencia, han reclamado una “urgente” actualización también en los procedimientos de valoración y el acceso a las prestaciones, adaptándose a los cambios normativos estatales en cuanto a los importes de las prestaciones realizados el año pasado, que se aprobó a nivel estatal, e impulsar con fuerza la figura del asistente personal.

“Sobre todo necesitamos actualizar el catálogo de prestaciones y las condiciones de acceso al mismo y dotar de una mayor seguridad jurídica a las personas usuarias de este servicio, avanzando incluso en el reconocimiento del conjunto, en muchos casos, de la dependencia y el grado de discapacidad en el mismo proceso. Si tuviéramos un proceso que pudiera converger en reconocer al mismo tiempo la discapacidad y la dependencia, nos ahorraríamos todos muchos tiempos de espera e incluso la Administración se ahorraría muchos disgustos”, ha aseverado.

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LEY ACCESIBILIDAD Y EMPLEO

En el campo de batalla de este 2024 el CERMI también sitúa la actualización de la ley de accesibilidad, con el objetivo de que esta norma sea de última generación.

“En Castilla-La Mancha la que tenemos es del año 1994, del siglo pasado, y ya ha llovido. La accesibilidad es uno de los derechos básicos de acceso a la inclusión real y igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y, en general, de toda la población- Consideramos que debería de transversalizarse este derecho en el Gobierno regional y en todos los ayuntamientos, al menos en los más grandes, con una política transversal y no adscrita solo al departamento de Urbanismo o de Obras, Servicios o Bienestar Social”.

Dicho esto, y en materia de empleo, además de pedir al Ejecutivo regional que siga apostando por la participación de las personas con discapacidad en los planes de empleo, ha reivindicado elevar la cuota en los procesos de acceso al empleo público en todas las administraciones, como ya se ha recorrido a nivel estatal o en otras comunidades autónomas, donde se ha pasado del 7% al 10% de reserva. “Creemos que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha debería recoger estos cambios”, ha pedido Cristina Gómez.

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Por último, la responsable del CERMI castellanomanchego ha concluido llamando la atención de la sociedad y de los poderes públicos sobre “dos prácticas abusivas que se producen a diario sobre las personas con discapacidad”.

Una de ellas, ha condenado, son las prácticas de juego ilegal. “Se siguen repitiendo en nuestra región con grupos que utilizan y se valen de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad tremenda y que los utilizan para vender papeletas de juego ilegal, engañándoles, porque no les dan de alta en la Seguridad Social y no tienen un sueldo”, ha alertado Gómez, que ha pedido a la ciudadanía que no colabore y no compre esos cupones ilegales, y a las administraciones públicas y a las autoridades de la región que persigan y denuncien estas prácticas ilegales.

Por último, ha alertado sobre la eliminación de las contenciones mecánicas en el ámbito sanitario y sociosanitario, “para adecuar nuestra atención a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

“Es un avance necesario la eliminación del uso de estas prácticas, consideradas por la ONU como tortura, tanto en los ámbitos sanitarios, sociosanitarios y en ocasiones en el ámbito educativo. Afecta a personas con discapacidad de muchos tipos, no sólo psicosocial, discapacidad intelectual, autismo, personas mayores, personas con daño cerebral y muchas personas mayores también con discapacidad”, ha terminado denunciando.


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